El impacto económico de la incapacidad temporal y los costes para la empresa derivados de las bajas laborales se han convertido en uno de los principales retos del mercado de trabajo en España. El incremento de procesos de IT se ha consolidado en el centro de la agenda laboral y presupestaria; además, exige a las empresas una gestión laboral rigurosa y un conocimiento detallado de las obligaciones legales e indemnizatorias vigentes.
El coste económico de las bajas laborales e incapacidad temporal
Desde 2019, las horas no trabajadas por incapacidad temporal han aumentado un 78%, lo que ha disparado el gasto un 78,5% según el Banco de España. El coste de esta factura agregada alcanzó en 2024 los 29.114 millones de euros —repartidos casi a partes iguales entre el sistema público y las empresas— y las mutuas prevén que supere los 32.000 millones para 2025. A nivel macroeconómico, el impacto de la producción perdida asciende a 81.574 millones de euros, equivalente al 5,4% del PIB, con más de 1,5 millones de personas ausentes cada día.
Medidas normativas de la Seguridad Social para reducir la IT
Ante este escenario, la Seguridad Social ha solicitado propuestas a la OCDE para reducir la duración de las bajas y prepara un paquete normativo. La medida más avanzada plantea una reincorporación progresiva de 30 días a media jornada tras bajas de larga duración (más de 180 días), cobrando la mitad del salario y la mitad de la prestación.
Los análisis señalan un triple origen del problema: el envejecimiento de la población activa, el aumento de problemas de salud mental o musculoesqueléticos, y la congestión del sistema sanitario público (con listas de espera quirúrgicas récord que alargan las recuperaciones). Además, se destaca la necesidad de focalizar el control en las bajas de larga duración, ya que, aunque solo representan el 2,4% de los procesos, concentran el 34,1% de los días perdidos.
3 claves para que la empresa gestione los costes de la incapacidad temporal
Para mitigar el impacto presupuestario de las bajas laborales, la dirección de personas y los departamentos de recursos humanos deben actuar bajo tres premisas fundamentales:
1) Control e inspección de los procesos: Hacer un seguimiento continuo de la evolución de las incapacidades temporales de larga duración en coordinación con las mutuas colaboradoras.
2) Adecuación de los complementos de IT: Revisar los convenios colectivos aplicables para determinar la obligación real del pago de complementos salariales a cargo de la empresa durante la incapacidad temporal.
3) Asesoramiento legal preventivo: Diseñar protocolos internos de empresa para la gestión de las ausencias, verificando que los procesos cumplan con la normativa laboral vigente y respeten los derechos fundamentales de los trabajadores.