Recientemente la Comisión Europea ha dado un impulso al Plan de Acción contra el
ciberacoso mediante una consulta pública abierta hasta el 29 de septiembre de 2025
(que podéis consultar a través de este link). Dicha ambiciosa actuación está previsto que
se ponga en marcha a principios de 2026.
Conforme los datos que maneja la Comisión 1 de cada 6 adolescentes reportan ser
víctimas de ciberacoso, mientras que 1 de cada 8 admite haberlo perpetrado. Estos
datos, procedentes de varios análisis de la OMS, tienen también un reflejo a nivel
nacional como puede observarse en destacados estudios a gran escala, demostrando
que se trata de un grave problema público que requiere especial atención y que debe
ser atajado desde distintos frentes.
Este Plan de Acción se complementa además con otras medidas de protección de los
menores en línea promovidas por la Unión Europea como las directrices sobre
protección de los menores en virtud de la Ley de Servicios Digitales (legislación por el
momento pendiente de tramitar de forma completa en España).
Fuere como fuere, toda esta actuación legislativa no hace sino demostrar la creciente
preocupación por la vulnerabilidad de los jóvenes al utilizar herramientas en línea,
pudiendo ser empleadas las mismas en un sentido agresivo o peyorativo. Este acoso
cibernético se ve amplificado por la sensación de anonimato en las redes y promueve
dinámicas de intimidación y humillación a las víctimas, llegando incluso al terreno de las
amenazas, lo que puede provocar graves consecuencias emocionales, mentales y hasta
físicas (conforme se puede observar en trabajos relevantes que abordan con detalle el
posible suicidio de aquellos que lo sufren).
Este escenario de indefensión que viven muchos jóvenes, pero también no tan jóvenes,
se configura como una de las consecuencias de la omnipresencia del mundo digital y
demuestra la necesidad de utilizar los mecanismos jurídicos a nuestra disposición para
alcanzar una adecuada protección ante los ataques en el entorno virtual. Las
repercusiones jurídicas de estos actos pueden abarcar desde los actuales delitos de odio
hasta las clásicas coacciones o amenazas. En todo caso se materializan con distinta
denominación: ciberacoso, ciberbulling o ciberstalking, siendo necesario el estudio
concreto de cada caso según sus particularidades. La jurisprudencia lleva años tratando
de delimitar los supuestos de aplicación y analizando las distintas modalidades, viéndose
abrumada por el avance -y alcance- de las tecnologías informáticas.
Ante estas nuevas formas de criminalidad desde Mateos Legal podemos asesorarte
frente a los ataques que hayas recibido tu o los tuyos en las redes y en los aplicativos
digitales, a fin de guiarte mediante nuestro consejo profesional. Puedes llamarnos al
teléfono 934.760.050 o mandarnos un correo electrónico a info@mateos.legal.